La Comunidad de Madrid estudia impedir el alquiler vacacional de viviendas particulares
En este artículo, Idealista.com nos comenta que «Alquilar una vivienda para el turismo en la comunidad de Madrid podría tener los días contados. Aunque aún es un borrador, el proyecto de ley sobre el alquiler vacacional, impedirá que cualquier particular pueda alquilar su casa en vacaciones porque se necesitará una licencia de actividad que sólo se otorga a inmuebles de uso terciario (hoteles, oficinas, etc.)»
La Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad de Madrid (Asotur) alerta de que si se aprueba esta ley no la podrán cumplir, con lo que se corre el riesgo de hacer opaco un negocio que genera un impacto económico importante en Madrid.
El gobierno actual publicó en junio una nueva ley del alquiler que limita el derecho de alquilar una vivienda para uso turístico al dejar de estar protegida de forma uniforme en toda España por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para pasar a regirse por las normativas turísticas de cada una de las 17 comunidades autónomas. Así, la Comunidad de Madrid ha publicado un borrador que pretende “establecer unos mínimos requisitos tendentes a proteger los derechos de los usuarios turísticos” que decidan optan por el alquiler de una vivienda vacacional y “acabar con situaciones de intrusismo y competencia desleal”.
Pero se trata de una ley que de aprobarse sería de imposible cumplimiento, según Asotur, ya que obliga a los titulares de viviendas de uso turístico a presentar una licencia de actividad, un requisito que sólo se concede a los inmuebles ubicados en suelo terciario, mientras que las viviendas están en suelo residencial. David Tornos, presidente de Asotur, recalca que la única licencia que puede obtener una vivienda es la de primera ocupación, con lo que piden que la Comunidad de Madrid sustituya la licencia de actividad por la de primera ocupación como requisito indispensable.
Aumentará la actividad opaca
El borrador del decreto señala que el objetivo es «poner freno a una oferta que podría estar ejerciendo una actividad opaca a las obligaciones fiscales que son exigibles al resto de establecimientos turísticos». Pero Asotur hace hincapié en que si no se cambian los requisitos que se exigen para regular el alquiler vacacional, la consecuencia será un aumento de la opacidad en la actividad ya que miles de casas quedarán al margen de la legalidad. “Los particulares no pagarán el IVA del 10% y los propietarios de las casas dejarán de abonar el 21% de su actividad profesional del 21%”, sostiene Asotur.
La opinión de los autónomos
Asotur recuerda que hay miles de propietarios de viviendas vacacionales que están dados de alta como autónomos y que quieren que su actividad esté regulada para contribuir con sus impuestos al crecimiento de la economía madrileña. No sólo se paga el IVA o el 21% de la actividad profesional, sino también el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o la tasa de basuras por cada vivienda vacacional.
Adolfo Merás, emprendedor, autónomo y ex trabajador de la construcción, muestra su preocupación ante la nueva regulación. Tras hacer una fuerte inversión en la compra y posterior reforma de varias viviendas destinadas al alquiler vacacional, muestra su preocupación por la nueva regulación. “Nuestros apartamentos no están en suelo terciario, con lo que ante la imposibilidad de conseguir la licencia de actividad tendremos que cerrar, vender los pisos, liquidar la empresa y volver al paro”, señala.
Merás recuerda que otras comunidades autónomas han regulado la vivienda vacacional sin prohibirla. “Abogamos por que se regule en este tipo de turismo en positivo introduciendo tasas para ejercer la actividad, asegurando una calidad mínima o teniendo un seguro para el huésped.
Según Asotur, se trata de una forma de hacer turismo cada vez más en boga y complementaria a los hoteles. “El turista debe tener el derecho y la libertad para elegir de qué modo quiere pasar su vacaciones, y cual de entre todas las modalidades disponibles es la que mejor se adapta a sus necesidades. negándoles la posibilidad de alquilar alojamientos de corta estancia, no estamos ni mucho menos desviando a estos viajeros a recintos hoteleros, sino que estamos poniendo en peligro la posibilidad de que realicen estas pernoctaciones, con el menoscabo económico que esto pudiera suponer para españa”, señala Tornos.
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